Inmigrantes, policía, estadísticas y políticos

El caso es que, a pesar de todos los despropósitos que nos rodean, muchas veces encontramos personas buenas que hacen su labor calladamente, sin presumir, sin estridencias electoralistas, sin esperar a cambio más que un reducido salario –porque lo necesitan para sobrevivir- o incluso sin eso, sin esperar nada a cambio.

Ayer acompañé, en calidad de Abogado –estatus que no tengo puesto que no estoy colegiado- a un grupo de tres personas de raza negra y dos voluntarios de Cáritas al Departamento de Extranjería de una Comisaría de Policía, donde habían sido citados –los negros- por haber sido sorprendidos en España sin disponer del preceptivo permiso de residencia.

Los chicos estaban un poco asustados. Los tres llevaban más de cinco años en nuestro país sin haber conseguido su legalización. Es decir eran ilegales. ¿Puede ser ilegal una persona? Estos inmigrantes me recuerdan a los hijos ilegítimos de antes de la reforma de la filiación en el Código Civil. ¿Puede ser un recién nacido ilegítimo? A estos se los llamaba hijos naturales ¿Es que acaso los otros eran hijos artificiales?

A pesar de llevar tanto tiempo en nuestro país no hablaban bien nuestro idioma y sentían sobre sí el peso de la posible orden de expulsión.

El zaguán de la Comisaría, de un pueblo grande de mi provincia, estaba bien. El suelo de mármol y bajo la escalera unas sillas de plástico, dignas, hacían de sala de espera. Allí nos sentamos hasta que una funcionaria –ignoro si era subinspectora o administrativa- bajó pidiendo los papeles. Me llamó la atención enseguida: era una mujer delgada, elegante, joven y guapa, con unos ojos no sé si grises o azules pero profundos y de mirar claro. Rápidamente nos tranquilizó: No pasa nada, solo os vamos a poner una multa de 500 euros. Es lo mínimo que podemos hacer. No hay detención, solo la multa.

Al subir para realizar los trámites, el chico pedía que lo citaran en otra población, grande también, donde vivía porque ir hasta allí le costaba un dinero que no tenía. Le explicaron que no podía ser, que ellos se limitaban a cumplir la ley y era lo mínimo que podían hacer: ponerle una multa de 500 euros.

-       -   Es que no tengo dinero y yo no puedo pedir un préstamo porque no tengo con qué pagarlo.

El pequeño despacho donde nos atendían era gris a pesar de tener un gran ventanal por el que entraba toda la luz del mundo. Las paredes con rozaduras, los muebles ajados y feos: cuatro taquillas que debían de ser para que los propios funcionarios dejaran sus cosas, un armario de otro color, una estantería con un batiburrillo de papeles y guías telefónicas, un archivador bajo; todos los muebles metálicos, de diferentes colores. Y encima de todas las cosas, cajas de cartón, un cactus en una maceta, un casco de motorista, un equipo de música ajado, cajas de zapatos, bolsas... En el suelo, un barullo de cables. No había suciedad, había mal gusto y desorden. Hasta las cinco sillas eran diferentes unas de otras. Tres iguales y bastante nuevas, las otras dos –las de los funcionarios- diferentes y viejas. Las paredes llenas de papeles, mapas, una foto de Mortadelo en moto vestido de policía, calendarios... pegados con chinchetas.

Allí se evidenciaba la falta de medios con la que trabaja nuestra policía. Lo único que en el despacho destacaba era un ordenador con el que le iban poniendo la multa al chico. ¡Qué contraste, Dios mío, con el lujo que disfrutan nuestros políticos! Los coches oficiales, los despachos de “lo quiero nuevo todo que esto no me gusta”, los muebles de diseño (por cierto ¿no hay que diseñarlo todo antes de fabricarlo?) carísimos, los regalos que se quedan sin un pequeño rubor en las mejillas. La noche antes, en un programa de televisión cañero donde los haya, salía Ana Botella yendo a la peluquería, acompañada de cuatro guardaespaldas ¡con tres coches oficiales! El despilfarro en teléfonos móviles para llamar incluso a líneas eróticas, las horas extras pagadas a los conductores de los coches oficiales de los políticos porque los utilizan también para sus cosas privadas... Y la policía sin tener suficiente presupuesto para poder trabajar en unas condiciones dignas. No solo eso, la Guardia Civil no dispone de dinero para papel autocopiativo y en muchas diligencias que hacen usan papel carbón de calco (¿se acuerdan de él? parece algo del pasado pero está ahí), y la Policía Nacional cuando citó a los cuatro chicos negros solo les dio citación a dos porque no disponían de más papel para ello. La citación era una fotocopia de una fotocopia (y así sucesivamente) en la que en el recibí alguien había puesto: “Recibí, El esposo de la interesada”, convirtiendo la citación en algo un poco ininteligible (las citaciones se habían dado a dos hombres) porque hacía ya mucho tiempo que alguien tuvo que dar una citación al esposo de la persona a quien iba dirigida. Y como ya no quedaban más citaciones originales tuvieron que utilizar ese modelo para seguir teniendo material.

¿Es justo que existan esas diferencias? No he visto ninguna empresa privada en la que, en un despacho se trabaje en esas condiciones. Ninguna. Es más, los cables en el suelo, hechos un barullo, habrían propiciado una buena multa por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por no cumplir las normas de protección de la salud laboral de sus trabajadores. Al ser funcionarios, no pasa nada.

¿Y lo de la multa? Multar a cuatro personas que, por no disponer de trabajo, no pueden regularizar su situación en España y no tienen dinero, es echar agua en un balde con un agujero en el fondo. Los policías trabajan, hacen lo que deben de hacer, la multa se pone, consta en las estadísticas pero nadie la va a pagar porque el sujeto pasivo no tiene dinero y la falta de ingreso no tiene ninguna repercusión ni en un posible expediente de expulsión ni en el de la regularización si consiguen una oferta de empleo cabal. ¿A qué juegan nuestras autoridades? ¿No saben que multar a un indigente es hacer trabajo en balde? Solo en el caso de que una de estas personas consiga un trabajo, y que ellos se enteren (lo cual es bastante improbable), una orden de embargo les irá detrayendo del salario una pequeña parte para pagarla. Pero, eso sí, Rubalcaba –o quien le sustituya- podrá salir en la tele diciendo: “El montante de las multas impuestas inmigrantes ha ascendido a XXX €” y será verdad. La noticia, así dicha, no asegura que se haya cobrado nada aunque a los que la escuchamos nos dé la impresión de que así ha sido. No, de esas multas solo se cobra una pequeña parte que no compensa ni lo que vale el trabajo de los policías que han intervenido. Esos policías, que podían estar investigando y deteniendo verdaderos delincuentes –de los que no andamos escasos precisamente- estaban allí haciendo papeles que eran de la misma utilidad que un cuadro para un ciego.

Que se lo quiten de la cabeza: mientras existan en el mundo unas diferencias económicas y sociales tan abismales entre unos países y otros, seguirá existiendo la inmigración, legal o ilegal. Es algo legítimo, por muy penado que esté, que una persona quiera alcanzar una vida más digna. Por otra parte, si ya los tenemos aquí y no les proveemos de un permiso de trabajo, siquiera sea provisional, les cortamos la vía honrada de ganarse la vida y solo les dejamos la delincuencia. Menos mal que, como he dicho al comenzar, hay buenas personas en todas partes, y la mayoría de esos inmigrantes, a pesar de las dificultades de su vida, no delinquen nunca, trabajan siendo explotados por empresarios sin escrúpulos o en trabajos muy marginales, a veces porque el empresario también es una buena persona pero no puede hacer más.

Ah, y otra cosa, la Administración llama a un Abogado de oficio –yo ya dije que no lo soy y, por lo tanto, no servía, me limité a acompañar- para que le recurriera la multa. Siendo un trámite administrativo para el que no se necesita –necesariamente- abogado, la administración paga uno para los inmigrantes y, sin embargo, no lo hace para los españoles ¿por qué esa diferencia?

Hay muchas cosas que no se entienden...