La democracia, el Sr. Camps y sus trajes y las capacidades cognitiva y volitiva del cuerpo electoral

El otro día, iba con unos amigos por la calle, y se nos acercaron unas reporteras del Canal Popular de TV para preguntarnos lo siguiente:

-         ¿Creen Vds. que las investigaciones que se siguen en torno a la figura del Sr. Camps, Presidente de la Generalidad Valenciana son inventadas por el Gobierno del Sr. Zapatero para desprestigiarle?

La pregunta, aparentemente simple, se podía contestar con un monosílabo, si o no, según uno quisiera opinar. Uno de mis amigos dijo que no y que el asunto de los trajes del Sr. Camps era una tontería comparado con lo que podía haber detrás, que no nos engañaran más.

A mí me pilló en vena y dije que no lo creía porque aunque no tenía ninguna confianza en la honradez del Sr. Camps, confiaba menos todavía en la inteligencia del Gobierno del Sr. Zapatero para montar un tinglado como aquél.

Por supuesto, ninguna de nuestras contestaciones salió en la tele.

Pero el asunto de los trajes, aunque solo se limitara a eso, a que le regalaron unas prendas de vestir, para mí es suficientemente grave para que el Sr. Camps dimitiera. Ni los políticos ni los funcionarios (ni la Casa Real, por supuesto) deberían admitir impunemente ni un café en el ejercicio de sus funciones. Todos los regalos que se les hicieran –hay veces que so pena de ser grosero no puedes declinarlo- deberían pasar al Tesoro Público.

Nos estamos acostumbrando peligrosamente a que los políticos cometan actos impropios de sus cargos y que, además, no lo encontremos mal. Ellos mismos, cuando se refieren a sus acciones se defienden con “aun no me ha acusado/imputado/procesado nadie” y alegan la presunción de inocencia como un paraguas que les ha de proteger hasta el momento en que, demostrado su delito, los conduzcan a prisión.

No es eso, señores, no es eso. Una cosa es la responsabilidad penal, a la que está sujeto cualquier hijo de vecino y en la que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia consagrada por nuestra Constitución: Hasta que no me condenen, yo soy inocente. Y quien tiene que probar mi delito es quien me acusa; en ningún caso he de probar yo mi inocencia porque eso sería una prueba diabólica, es decir, imposible.

Y otra cosa muy diferente y mucho más estricta es la responsabilidad política. No basta que la mujer del César sea decente, ha de parecerlo. Y esto tan sencillo no lo hemos comprendido nadie, ni nuestros políticos ni nosotros. Cuando un político, el que sea, es acusado con indicios (ni siquiera pruebas, solo indicios) de que hay algo poco claro, debe poner su cargo a disposición de quien corresponda. Si luego, la investigación judicial proclama su inocencia, que se vuelva a presentar a otras elecciones porque podrá presumir de limpieza y de haber sido acusado sin fundamento. Ahora bien, no debemos confundir el que a una persona no se le condene porque resplandezca su honradez o porque no existen suficientes pruebas que lo condenen. No es igual ni se parece. En un caso es inocente, en el otro puede ser culpable pero el sistema ha de preferir la falta de condena para evitar siempre castigar a un posible inocente. En este último caso, cuando no se le condena por falta de suficientes pruebas, debería estar muerto, políticamente hablando, porque no es de fiar. Y esto que es tan fácil de entender tampoco lo hemos comprendido los ciudadanos. En este momento y desde hace ya tiempo, todos los valencianos deberían estar pidiendo a gritos que Camps dimitiera. No se oye nada. El silencio más absoluto.

Este silencio puede ser debido a dos causas: una que la gente pasa olímpicamente de la política porque no confía en el sistema. Y esto es muy grave. La otra es que no ha comprendido que la sartén por el mango la tiene el pueblo. Para eso se nos consulta, como poco, una vez cada cuatro años sobre nuestras preferencias políticas. Y esto también es muy grave.

Porque lo bien cierto es que si hoy el Sr. Camps se presentara a las elecciones no estoy seguro de que perdiera, lo que quiere decir que muchos electores están dispuestos a perdonarle “sus flaquezas” al dejarse regalar cosas estando en un cargo en el que eso puede malinterpretarse (en el mejor de los casos) y no le parece justo castigarlo por algo que no está probado (lo que excede de los trajes).

Por lo tanto, hemos de repasar las capacidades cognitivas y volitivas del cuerpo electoral. ¿Los electores españoles conocen con profundidad lo que representa una elección y tienen claras las razones por las que deben decidirse por uno u otro candidato? Porque no olvidemos que los políticos no son extraterrestres, salen del pueblo, de ese mismo pueblo que los elige. Y ese pueblo, para poder elegirlos, debe conocerlos y evaluarlos. ¿Se hace esto racionalmente? ¿O es más cómodo actuar por impulsos emocionales o por intereses de clientela? En muchos pueblos, son estos últimos los que eligen al alcalde: para que califique mi campo, para que me conceda las obras del polideportivo, porque se portó bien conmigo en la otra legislatura… En las ciudades, el porcentaje del clientelismo político es menor pero de mayor calidad.

Y aquí llegamos al dilema del huevo y la gallina. ¿Quién tiene la culpa de que los políticos sean como nos están saliendo? ¿Ellos que se comportan mal o nosotros que los elegimos nuevamente después de los escándalos? Si de verdad somos demócratas, hemos de colegir de todo lo expuesto que la culpa recae sobre nosotros, el ciudadano de a pie, que tiene lo que se merece porque lo ha elegido una mayoría cualificada.

Les habla un demócrata de derechas de toda la vida.